Democracia, racionalidad y cooperación

Por: Carolina Jara Minuche
La democracia política se sustenta axiológicamente en los valores de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Que el pueblo deba ser soberano, que la voluntad política se construya de abajo hacia arriba, significa no el fin de la política y de la autoridad en tanto medios decisivos de organización social, sino un modo diferente de entender tanto a la política como a la autoridad.
Un modo opuesto al del pensamiento autoritario o dictatorial, donde la política es concebida como dominio y sometimiento de los más por los menos, y donde la autoridad aparece como posesión exclusiva de unos pocos por oscuras razones metafísicas. La política democráticamente comprendida es una orientación colectiva del desarrollo social elaborada y aplicada con la participación y el consenso de la ciudadanía; es la producción de lineamientos generales mediante el debate, la confrontación civilizada y el reconocimiento del principio de la mayoría y de los derechos de las minorías. La autoridad democrática, por lo mismo, es la que surge de los debates y consentimientos mayoritarios, con capacidades legalmente determinadas y competencias fijas; es la autoridad delegada por el pueblo para el beneficio de los intereses del propio pueblo, y sometida, por ende, a la vigilancia ciudadana y a la sanción del voto popular.

Ahora bien, la realización institucional y la consolidación productiva de la democracia, precisamente por la naturaleza de sus principios y valores constitutivos, exige fuertes dosis de racionalidad y responsabilidad tanto de los políticos como de los ciudadanos. Como es evidente, el fanatismo, la intolerancia, el dogmatismo y el pensamiento mágico son contrarios a las prácticas democráticas, y su surgimiento pone en grave riesgo el mantenimiento de las mismas, al igual que el autoritarismo, el abuso del poder, la discrecionalidad o la transgresión de la legalidad. Por ello, la democracia es difícil, pues los procedimientos democráticos requieren de una cultura ciudadana que sólo puede consolidarse mediante la práctica misma, mediante el ejercicio efectivo y trasparente de los derechos democráticos.

Pero esta cultura requiere, además de una educación para la democracia, esto es, de información y discusión sistemáticas y permanentes tanto acerca de los valores y principios de la democracia como acerca de sus formas de realización institucionales. Se trata de una labor a realizar no sólo por y en las escuelas públicas y privadas, sino también por y en los partidos políticos, por y en las instancias gubernamentales y por y en las organizaciones sociales en su conjunto.
A fin de cuentas, aun si la democracia es esencialmente política, sólo la generalización de los valores democráticos en el conjunto de la sociedad permite un ejercicio pleno y funcional de la misma.
Un ejercicio basado en la autonomía de las organizaciones sociales, de la sociedad civil, así como en el respeto irrestricto de los derechos civiles y políticos de la población, condiciones indispensables para que la cooperación y la solidaridad implicadas en el valor democrático de la fraternidad se conviertan en verdaderos principios de organización consciente y voluntaria de una sociedad libre e igualitaria, propiamente civil, y de un Estado y un gobierno democráticos, es decir, efectivamente capaces de expresar, representar y articular las orientaciones ideológicas y los intereses legítimos de esa sociedad.

En sentido estricto, ninguna democracia real, ningún Estado existente, puede verse como la realización plena de los principios y valores señalados. Las instituciones y los procedimientos que podemos observar empíricamente son siempre realizaciones necesariamente imperfectas, y por ende perfectibles, de esos principios y de esos valores. Por ello las reglas del juego democrático son reglas abiertas, es decir, reglas que exigen un debate y una crítica permanentes, en los que se evalúe su funcionamiento y se sugieran y aprueben sus modificaciones, pues si algo institucionalizan estas reglas es la posibilidad de los cambios y, con ellos, de los progresos, es decir, la posibilidad de una siempre inacabada e inacabable (re)construcción del orden social deseable.

Lo antes dicho también se puede abordar de otra manera. A partir de la pluralidad política que existe en las sociedades modernas se puede realizar un recorrido conceptual hasta observar cómo se construye un gobierno con el consentimiento ciudadano.